Tal día como hoy de 1834, la reina gobernadora María Cristina de Borbón, firmaba el decreto de abolición definitiva del Tribunal de la Inquisición en España. El llamado Santo Oficio hunde sus raíces en el método penal inquisitorial de la Iglesia medieval y su concreción en la Inquisición Pontificia de 1231 creada por el Papa Gregorio IX para combatir la extensión de herejías como el Catarismo. Aunque fue introducida en la Corona de Aragón en el siglo XIII, la que se conoce como Inquisición Española sería creada por los Reyes Católicos en 1478. Instrumento al servicio del poder real, el Santo Oficio persiguió a conversos, moriscos, luteranos, erasmistas, brujas… La Inquisición ejerció un fuerte control de las mentalidades mediante la persecución de todos los comportamientos considerados contrarios a la moral católica y a la censura de las publicaciones.
La regente María Cristina suprime el Tribunal de la Inquisición
El 15 de julio de 1834, la reina regente María Cristina de Borbón emitió un real decreto por el que disolvía definitivamente y para siempre el Tribunal de la Inquisición en España.
El Santo Oficio, así lo llamaban en su origen, surgió por mandato del papa Gregorio IX en 1231 para combatir las “prácticas heréticas” que habían aparecido en Europa y que cuestionaban la visión y la moral proveniente de Roma (como los cátaros o los hugonotes). En España se introdujo en el siglo XIII por Aragón pero sería bajo el reinado de los Reyes Católicos cuando alcanzaría su máximo poder persiguiendo a falsos conversos o moriscos. La primera vez que se intentó abolir la Inquisición en España fue en el siglo XVIII, cuando el intelectual Gaspar Melchor de Jovellanos publicó un manifiesto en el que pedía al rey Carlos IV que acabase con una institución caduca y represiva. Fueron Napoleón y las Cortes de Cádiz de forma independiente quienes lograron abolirla por primera vez, pero todo quedó en un proyecto fallido con el regreso de Fernando VII del exilio. Lo mismo pasaría durante el llamado Trienio Liberal.
Tras la muerte de Fernando VII, y teniendo en cuenta que los absolutistas y conservadores apoyaban a Carlos María de Isidro como rey, María Cristina tuvo que buscar el apoyo de los liberales para defender el derecho al trono de su hija Isabel. Esta situación hizo que penetraran en la política española las ideas y planteamientos que llevaban siendo ignorados (y perseguidos) desde hacía años.
