El 15 de julio de 1834, la reina regente María Cristina de Borbón emitió un real decreto por el que disolvía definitivamente y para siempre el Tribunal de la Inquisición en España.
El Santo Oficio, así lo llamaban en su origen, surgió por mandato del papa Gregorio IX en 1231 para combatir las “prácticas heréticas” que habían aparecido en Europa y que cuestionaban la visión y la moral proveniente de Roma (como los cátaros o los hugonotes). En España se introdujo en el siglo XIII por Aragón pero sería bajo el reinado de los Reyes Católicos cuando alcanzaría su máximo poder persiguiendo a falsos conversos o moriscos. La primera vez que se intentó abolir la Inquisición en España fue en el siglo XVIII, cuando el intelectual Gaspar Melchor de Jovellanos publicó un manifiesto en el que pedía al rey Carlos IV que acabase con una institución caduca y represiva. Fueron Napoleón y las Cortes de Cádiz de forma independiente quienes lograron abolirla por primera vez, pero todo quedó en un proyecto fallido con el regreso de Fernando VII del exilio. Lo mismo pasaría durante el llamado Trienio Liberal.
Tras la muerte de Fernando VII, y teniendo en cuenta que los absolutistas y conservadores apoyaban a Carlos María de Isidro como rey, María Cristina tuvo que buscar el apoyo de los liberales para defender el derecho al trono de su hija Isabel. Esta situación hizo que penetraran en la política española las ideas y planteamientos que llevaban siendo ignorados (y perseguidos) desde hacía años.
