Protección integral frente a las agresiones sexuales a niños, niñas y adolescentes.
El abuso a menores, cuando se da en el seno de la Iglesia, en la familia o en
cualquier ámbito, constituye un crimen muy grave que compromete su futuro.Para
evitar su impunidad, tal como recogimos en nuestra ley de promoción del buen
trato y erradicación de las violencias contra la infancia y la adolescencia, se
suspenderá el cómputo para la prescripción de estos delitos, al menos hasta que
las víctimas hayan cumplido 30 años, se eliminará la distinción entre agresión y
abuso sexual y se creará una Fiscalía especializada en dar respuesta a estos
casos.Para mejorar la prevención, se destinarán más recursos en el entorno
educativo, social y sanitario y se creará una línea de atención telefónica pública de
información y asistencia las 24 horas atendida por un equipo profesional y
multidisciplinar.Para cuidar a las víctimas, los procesos penales se adaptarán a
sus necesidades, por lo que podrán declarar de manera tranquila en un momento
distinto al de la vista oral y se evitará duplicar actuaciones.
