El 29 de marzo de 1941 salió publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la promulgación de la llamada Ley de Seguridad del Estado por la que el régimen franquista institucionalizaba y legalizaba algunos de los mecanismos de represión y limitación de las libertades que más le caracterizarían.
No habían pasado ni dos años del final de la guerra civil a la que tuvo que hacer frente España y el país vivías las peores consecuencias de la posguerra y los primeros momentos de los llamados años del hambre. Buscando afianzarse definitivamente en el poder y moldear el sistema a su imagen y semejanza, Franco publicó una serie de leyes que eliminaban cualquier garantía democrática previa y le aseguraban un sistema que supiera responder a sus deseos y caprichos. En el propio texto del BOE Franco justificaba la promulgación de esta ley basándose en “la imperfección con que nuestras leyes penales, plagadas de los prejuicios propios del momento legislativo en que fueron promulgadas”. A continuación hablaba de la necesidad de crear un nuevo Código Penal que supiera acomodarse a “las esencias del régimen vigente”.
La ley se dividía en doce capítulos según el tipo de delitos a los que hacía referencia y algunas consideraciones generales al final. Por supuesto, teniendo en cuenta el momento histórico en el que se encontraban, el primer capítulo (el más extenso) trataba cualquier tipo de actividad subversiva que atacase al régimen, al ejército, a las instituciones o a los símbolos nacionales, destacando el delito de traición a la patria. En los siguientes capítulos se hablaba de los delitos por atentar o difamar contra el jefe del Estado, por difundir información perjudicial para el régimen (censura), por protestar o reunirse sin la autorización del régimen (derecho de asociación y de reunión), por convocar huelgas y paros laborales o por robos y secuestros.
Instaurado en el poder como estaba y sin ningún tipo de límite de actuación, Franco derribó el sistema y las instituciones previas que había en España y construyó uno nuevo que le permitiera, aparentando cierta legalidad, transformar el país en una dictadura autoritaria en la que la única pieza que lo hacía funcionar todo era él mismo. A esta Ley de Seguridad del Estado habría que sumar la Ley de Responsabilidades Políticas, por la que se prohibían todos los partidos y asociaciones políticas que no estuvieran autorizadas por la dictadura o fueran contrarias a los principios del Movimiento Nacional, o las Leyes del Reino con las que moldeó el sistema como mejor le convino en cada momento.
