El día 7 de noviembre de 1823 el general español Rafael de Riego fue ejecutado en la Plaza de la Cebada de Madrid. Se le sometió a un escarnio público en su camino desde la cárcel al patíbulo y, al llegar allí, fue ahorcado y decapitado. El gobierno de Fernando VII buscó dar un carácter especialmente ejemplarizante a la ejecución del militar debido al papel que este jugó en la instauración del Trienio Liberal.
Militar de carrera, luchó contra los ejércitos napoleónicos durante la Guerra de Independencia (1808-1814) y estuvo preso en Francia, donde conoció las ideas y los principios del liberalismo político. En 1820 se convirtió en el rostro y el cabecilla del pronunciamiento que el ejército llevó a cabo en Cabezas de San Juan en defensa de la Constitución de 1812 y viajó hasta Madrid en una columna formada por militares sublevados que ganaba adeptos a cada paso. La presión del ejército y el descontento de los sectores burgueses y liberales hicieron que Fernando VII se viera obligado a aceptar y a jurar la Constitución de 1812, dando lugar a un bosquejo de monarquía parlamentaria.
Durante este breve periodo de tiempo, Riego ejerció como capitán general en Galicia y Aragón y fue nombrado presidente de las Cortes en 1822. Pero la palabra de Fernando VII valía poco y el rey se dedicó, desde el primer momento, a intentar poner trabas al nuevo gobierno constitucional mientras preparaba la entrada de los Cien Mil Hijos de San Luis. Este inmenso contingente militar fue una colaboración entre el ejército francés y voluntarios españoles que buscaban la restauración del Antiguo Régimen y de los poderes absolutistas de Fernando VII. Ante esta situación, Riego promovió una reprobación contra el rey para inhabilitarle y organizó la resistencia contra esta fuerza invasora en Andalucía. A pesar del intento por hacerles frente, sus tropas fueron derrotadas en la batalla de Jódar, Riego resultó herido y fue hecho prisionero cuando intentaba huir. Aunque en un primer momento se propuso decapitarle y descuartizarle y enviar sus fragmentos a los principales núcleos liberales, finalmente se optó por la ejecución pública y la desposesión de bienes. En 1835 la reina regente María Cristina (la esposa de Fernando VII) publicó un real decreto con el que rehabilitaba la figura de Rafael de Riego.
